Directivos de la empresa Aguas del Tucumán comenzaron a ser indagados en la justicia federal tucumana donde están imputados por delitos ambientales que afectan no sólo esa provincia, sino también Santiago del Estero y Córdoba por compartir la cuenca Salí-Dulce.
La acusación consiste en haber utilizado el río para deshacerse de millones de litros líquidos cloacales sin
tratamiento, lo que genera un enorme riesgo ambiental.
El fiscal federal Pablo Camuñas citó a declarar al directivo de la SAT Benigno Alfredo Calvo (69), quien tenía a su cargo la planta de depuración de líquidos cloacales San Felipe cuando se realizó el vuelco de los efluentes al menos entre 2010 y 2013. Los estudios de la policía científica de Gendarmería Nacional y de la Cátedra de Salud Pública y Química Analítica de la Universidad Nacional de Tucumán concluyeron que existió contaminación. “Esos efluentes líquidos cloacales contaminaron los cursos de agua donde fueron vertidos, generando un daño interjurisdiccional ya que el principal de ellos es el río Salí, que desemboca en aguas de Santiago del Estero, produciendo así un peligro concreto y grave a la salud pública y el ambiente”, sostuvo el fiscal.
También recordó que se los representantes de la SAT impidieron el acceso a la planta depuradora a Gendarmería, pero aun así durante una recorrida por las orillas del río se detectó un canal que realiza su vuelco sobre el Salí y que las viviendas aledañas descargan directamente efluentes. “Se encontraron dos bocas efluentes, una de las cuales transporta materia fecal y deposita sus vuelcos en piletones sin protección a orillas del río, los cuales luego realizan su descarga al Salí”, precisó el fiscal. No obstante, luego sí se concretaron tres allanamientos por parte de gendarmes que constataron que «dentro de la planta de tratamiento no se encontraba en funcionamiento ningún sistema de transporte de los efluentes cloacales que ingresaban y que luego de realizar un breve circuito por canales subterráneos son volcados en forma directa al cuerpo del río Salí”.
Pero no sólo se encontraron violaciones a la ley nacional 24.051, de Residuos Peligrosos. Los peritos gendarmes también hallaron residuos de agroquímicos fosforados, riesgosos para la salud y prohibidos a nivel mundial.
El 15 de junio Calvo declaró en una videoconferencia ante el juez santiagueño Sebastian Argibay –que subroga la causa- y afirmó: “Niego el hecho que se me imputa. Soy inocente de todos los cargos que se me imputan”. Y cedió la palabra a su abogado, quien lo único que hizo fue remitirse a los descargos por escrito que ya había realizado con anterioridad. Básicamente, la SAT atribuye la contaminación a las descargas cloacales de los barrios que se encuentran en la zona y rechaza que esa sociedad mixta del gobierno tucumano y el sector privado sea responsable del nocivo impacto.
El 10 de junio ya había sido indagado el ingeniero Fernando Baratelli (55), quien fue presidente de la SAT entre 2017 y 2019, después de la gestión de Calvo. En su caso sí aceptó realizar una declaración al más extensa en su defensa: “La empresa cuando yo la recibo tenía serios problemas financieros. El único ingreso con el que contaba era lo recaudado por tarifa, es decir, me encontré con problemas de financiamiento de la empresa”.
En otro punto hizo referencia directa a la planta depuradora San Felipe: “ya tenía años de funcionamiento y necesitaba muchas reparaciones y mantenimiento producto del desgaste propio del uso”. Baratelli adujo que creó una gerencia de medio ambiente y saneamiento. También que inició gestiones para que el gobierno tucumano realizara aportes a la empresa (ya que el único ingreso provenía de tarifas) a través de la modificación de la ley regulatoria, lo que afirmó haber logrado. “Eso dio oxígeno a la empresa y permitió mejorar la operatividad de la empresa y la planta Felipe”, afirmó.
Esta causa fue iniciada por una vecina tucumana que sufrió el brote de líquidos cloacales en su propia vivienda y pronto se dio cuenta que se trataba de un perjuicio que excedía su barrio en el Sur de San Miguel de Tucumán. María Elba Ledesma denunció a la Sociedad Aguas del Tucumán por arrojar líquidos cloacales crudos a la cuenca del río Salí-Dulce, lo que perjudica además a Santiago del Estero y Córdoba. Se convirtió en querellante particular y logró que la justicia federal imputara y citara a directivos de esa empresa por presuntos delitos ambientales.
La insistencia de Ledesma le acarreó consecuencias: amenazas con arma contra ella y el secuestro de su hijo. Un juez la denunció por amenazas que fueron desestimadas, ya que contó con testigos que lo desmintieron y resultó sobreseída. Pero esas presiones e intimidaciones reforzaron más su convicción de proseguir hasta las últimas consecuencias. “Yo le prometí a mi hijo que todo el daño que ellos le hicieron lo iban a pagar, así sea por la contaminación. Porque así como lo contaminaron a él, lo hicieron con los tucumanos, los santiagueños y cordobeses. Son muchas vidas las que se llevaron. La bioquímica que hizo el estudio dijo que todo lo que se regaba con esta agua, al final, la persona que se alimentaba de la vaquita, las plantitas y el pajarito que se asentaba en alguna parte y comía eso, se enfermaba de cáncer”.
Ledesma memoró que comprendió la magnitud de la contaminación en sus constantes relevamientos: “cuando descubro que estaban rompiendo la ruta nacional, frente a la SAT, y que ponían unos tubos, compruebo que estaban tirando todos los efluentes de San Miguel de Tucumán a la cuenca, en crudo. Ahí es cuando hago la denuncia penal en 2009, porque ya tenía las pruebas que se estaba contaminando la cuenca y tres provincias”. En la causa iniciada participó como querellante en un primer momento la exconcejal de Termas de Río Hondo Anita Loto, quien no pudo proseguirla por razones de salud, según indicó Ledesma.
En abril de este año el juzgado federal Nº1 de Tucumán reactivó la causa con la citación a indagatoria como imputado del expresidente de la SAT, Alfredo Benigno Calvo, mientras que se convocó a su predecesor Fernando Baratelli y otros testigos. “Nosotras pensamos pedir que se lo cite al presidente actual, (Augusto) Guraib. También se los convoca a declarar a todos los miembros del ente porque ellos son los responsables de haber controlado todo eso y a los de la planta de tratamientos”, agregó Ledesma. La SAT es una Sapem, es decir, una sociedad mixta con mayoría accionaria del Estado, con participación del sector privado y de sus empleados.
