Lucas Torres, docente e investigador del equipo socio jurídico del Indes-UNSE dio a conocer un estudio durante la pandemia que arroja preocupantes resultados sobre el trabajo doméstico en la provincia, con un 80% de trabajadoras en negro y muchas de las cuales perdieron sus ingresos especialmente durante la cuarentena y las restricciones a causa de la pandemia.

 

El relevamiento se inició el 2 de abril de 2020 y apuntaba a los trabajadores informales, dentro de los cuales se encuentra el personal que realiza tareas domésticas.

 

En el decreto nacional del 20 de marzo, que dispuso el confinamiento, no se consideró al sector como esencial, aunque sí se reconoció a cuidadores terapéuticos de niños y adultos. “Luego esto se fue flexibilizando y muchas trabajadoras de limpieza consiguieron autorización del CirculandoSDE no por su real función, sino como trabajadoras de cuidado”, señaló Torres.

 

En agosto, el proyecto del INDES fue seleccionado por agencias nacionales de investigación y en diciembre se lanzó una encuesta para trabajadoras domésticas específicamente. “Con el correr de los meses arrojó resultados preocupantes, pese a saber que se trata de un sector bastante desprotegido en cuanto a derechos laborales, precarizado en sus condiciones de trabajo y salarios e invisibilizado de trabajadoras, ya que cerca del 100% son mujeres”.

 

La encuesta de diciembre demostró que la circulación comenzó a aumentar pero no los salarios: “la mayoría, más de un 70% de las trabajadoras, continuaba cobrando menos del salario mínimo vital y móvil, que en ese momento estaba entre 18 y 19 mil pesos. Pero un 50% de las encuestadas percibía menos de 6.000 pesos por las tareas que llevaban adelante”, precisó el investigador.

 

Pero eso no fue todo, ya que la pandemia repercutió en la pérdida de trabajo. “Más de un 60% no ha continuado percibiendo su salario, lo que es un dato preocupante porque dentro de los sucesivos decretos después del 20 de marzo estaba contemplada la prohibición de despidos y una serie de protecciones para trabajadores, que al menos en este sector –y otros- no se respetaron”. Torres indicó que los empleadores dejaron de pagarles hasta que volviera la circulación o directamente las despidieron.

 

El resto de empleadas domésticas que sí continuaron trabajando, a “cerca del 60% los patrones no les brindaban los elementos de bioseguridad”. También detectaron que “en algunos casos los empleadores no les avisaron que estaban contagiados de Covid y ellas continuaban asistiendo y se contagiaban. Es como un círculo vicioso con la necesidad de la familia para que continuara yendo a su lugar de trabajo y la necesidad de la trabajadora. Y al mismo tiempo con una cuestión de mala fe porque sabían que estaban contagiados pero no les advertían”.

 

Las encuestas realizadas fueron más de 350, en el conglomerado Capital y La Banda, y de allí surgió que “el porcentaje de trabajadoras registradas sólo era un 20%”, dato que coincide con relevamientos nacionales como la Encuesta de Hogares que indican que entre un 80 y 90% del sector se encuentra en negro. A nivel nacional el promedio de registro es un poco más alto porque roza el 30%. Esto incide negativamente sobre las no registradas porque no tienen aportes jubilatorios ni acceso a obras sociales, en un contexto sanitario muy difícil, por lo que obligatoriamente deben recurrir al hospital público.

 

Por último, Torres agregó que el sector logró en paritarias nacionales –a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares- un 42% de aumento en cuatro cuotas que incide en las trabajadoras registradas, porque sus empleadores están obligados a cumplir. Pero en el 80% restante ese aumento salarial queda sujeto a la disposición de los patrones que las mantienen en negro: “Este aumento quedará a merced de la decisión de los empleadores”, finalizó.