Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizarán reautopsias en varios casos de jóvenes santiagueños en plena investigación, por cuyas muertes fueron denunciados policías en distintas circunstancias. Esa medida se logró con el apoyo de fueron respaldados por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de su titular Horacio Pietragala y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przbylski.
El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero envió informe de las actuaciones de cada uno de esos casos a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el representante santiagueño Ricardo Daives se comprometió a colaborar para facilitar las exhumaciones.
Este jueves 25 de junio fueron exhumados los restos de Cristian “Tino” Farías con la supervisión de la jueza de Transición Rosa Falco. Además estuvieron presentes familiares de Farías, la querellante Daniela Fontán y el médico forense Julian Canllo, el fiscal Álvaro Cantos. Se transportó el féretro de desde el cementerio del Rosario hacia a la Morgue Judicial donde se donde permanecerá allí custodiado por Gerdarmería Nacional. Posteriormente será trasladado hacia Buenos Aires para la realización de una necropsia fijada para el 1 de julio, a casi 7 años de su muerte.
La causa solo tiene dos policías imputados bajo la caratula de “homicidio culposo”: Esteban Delgado y Marcos Cárdenas, de la Comisaría Tercera, que se encuentran en libertad y en funciones. Ninguno de sus defensores estuvo presente en el cementerio, según informó la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional.
La entidad sostuvo en un comunicado que “este paso representa una luz de esperanza para los familiares de Cristian, los cuales esperan que se puedan esclarecer las verdaderas causas y responsables de su deceso aquel 20 de septiembre de 2014”.
La semana pasada se realizó el mismo procedimiento con los cuerpos de Mauro Coronel y Franco Isorni, quienes también serán llevados a la Capital Federal para ser examinados por peritos de la Corte y cuyos familiares también sostienen que fueron víctimas de presuntos asesinatos.
En el caso de Isorni, fue exhumado el 18 de junio de un cementerio privado del Sur de la ciudad. Ese estudiante universitario falleció el 16 de agosto del año pasado y la hipótesis de la fiscal Erika Leguizamón y Vanina Aguilera es que habría intentado huir en su moto de controles policiales y se accidentó en la rotonda de Lugones y Solís. Su familia esgrime que habría sido víctima de un asesinato.
Mauro Coronel fue detenido por un supuesto caso de violencia de género, el 1 de mayo de 2020, en plena cuarentena, y llevado a la comisaría Décima. Su familia sostiene que habría recibido presuntos apremios que ocasionaron su muerte, días después, tras haber sido internado en el hospital regional. El ministro de Gobierno Marcelo Barbur desmintió que se tratara de una muerte violenta basándose en la junta forense que lo examinó y sostuvo que la causa fue una neumonía bilateral.
Las conclusiones que surjan de los forenses de la Corte servirán para echar claridad sobre estas muertes que se encuentran en plena investigación judicial.