El nuevo capítulo de la crisis del transporte de pasajeros en Santiago del Estero abre una oportunidad para rever el sistema que arrastra complicaciones y conflictos desde hace mucho tiempo. Pese a la crisis de la pandemia que afecta al sector y vuelve cautelosa cualquier inversión, sería un buen momento para comenzar a evaluar su regularización con una licitación pública nacional para buscar nuevos y mejores prestadores de este servicio público esencial. O bien en la administración estatal, aunque sea provisoria hasta que se pueda buscar oferentes privados, como sucede en algunas otras jurisdicciones. Cualquiera de esas alternativas implicaría regularizar los permisos precarios que hasta ahora se vienen prorrogando.
Esto se funda en la último golpe de efecto de los principales empresarios que explotan de forma precaria los corredores en Capital y los interurbanos con La Banda y ciudades cercanas a este conglomerado, que anunciaron que ponían a disposición de la municipalidad capitalina y de la dirección de Transporte de la provincia esos servicios por la imposibilidad de continuarlos. Incluso llegaron a proponer entregar los subsidios nacionales al gremio de UTA para que pague sueldos y aportes, lo que fue rechazado de plano.
Los empresarios apostaron a lograr un aumento del boleto y principalmente a lograr un incremento de los subsidios que perciben del sistema SISTAU del ministerio de Transporte de la Nación, pero como no lograron ni una ni otra cosa, ahora amenazan con abandonar el servicio.
Este grupo de presión ya había obtenido un aumento del precio del boleto a principios de año, pero lo consideraron insuficiente, pese a contar con millonarios subsidios nacionales. Por cada boleto, aproximadamente un 50% más se cubre con aportes del gobierno nacional. En enero de este año el ministerio de Transporte de la Nación giró 85,5 millones a través del sistema SISTAU y en febrero 42,7 millones. Curiosamente la provincia aparece sin datos en 2020 y 2019, aunque continuó recibiendo fondos durante esos años, aún con la suspensión por la pandemia del año pasado. Se informó entonces que Nación se comprometió a abonar más de 206 millones de pesos en cuatro cuotas, aun cuando las empresas estuvieron paralizadas casi todo el año.
También hay que recordar que las empresas recibieron en 2019 unos 100 coches 0 kilómetro gracias a un fideicomiso entre el municipio capitalino y el gobierno de la provincia, que significó una inversión millonaria que asumió el Estado. Además, con el parate del servicio las empresas no tuvieron gastos de combustible ni desgaste de las unidades, como enfatizó el defensor de Capital, Luis Ger. En definitiva, hay que tener en cuenta que el sector recibió una ayuda inédita antes y durante la pandemia, en la que prestó servicios de forma muy reducida.
Hay que tener en cuenta que durante el último período en que circularon ya no se permitió abarrotar de pasajeros las unidades en horarios picos, pero no se reforzaron las frecuencias con más coches. Esto implicó que salieran a la calle a diario entre un 30 y 40% de las flotas, según señaló José María Coronel de UTA. Un empresario que guardó anonimato y fue consultado por otro medio sostuvo que “los subsidios nacionales no cubren los costos y no estamos en condiciones de pagar los sueldos ni nada”. Y amenazó con que “en caso de no haber soluciones los corredores serán entregados a la Nación, la Provincia, a los municipios, a quien corresponda. No se puede seguir, la situación es insostenible”.
Es evidente la deficiente prestación del servicio por la falta de frecuencias durante la reanudación de las clases semipresenciales en la provincia. Los usuarios –entre ellos muchos niños y adolescentes- debían esperar horas o caminar muchas cuadras hasta poder tomar un colectivo que no haya colmado su capacidad. Esto los expone a la circulación de personas, los amontonamientos en las paradas y hasta a ser víctimas de hechos delictivos. Pagar taxis o radiotaxis para suplir las falencias del servicio público es una opción que no muchos tienen. Esta situación afecta ahora a los trabajadores esenciales y no esenciales que pueden circular y se ven privados del transporte público.
Con el amesetamiento de las cifras de contagios y muertes por Covid 19 se reanudarán en algún momento las clases semipresenciales y el transporte público, que ya anunció que no puede seguir. Por eso deben evaluarse alternativas para afrontar y solucionar esta crisis que afecta a un conglomerado urbano y de ciudades vecinas que concentran el 60% de la población de la provincia.
