La dirección General de Rentas se encuentra bajo investigación de la justicia por defraudaciones que involucrarían a algunos de sus empleados, en causas en perjuicio del Estado provincial.
El caso más reciente determinó la detención de dos empleados, Omar Juárez y Carlos Taboada, a quienes recientemente el juez de Garantías Darío Alarcón otorgó la excarcelación bajo una fianza de 1,5 millones de pesos. Se encuentran imputados por utilizar obleas de vehículos oficiales fuera de servicio para cargar combustible a vehículos particulares desde el año 2019. Ambos se desempeñaban como choferes del ministerio de Economía y de Rentas.
Ese expediente está a cargo de la fiscal Mariela Bitar de Papa, de la Unidad de Recursos del Ministerio Público Fiscal. Se presume que la defraudación sería millonaria por alcanzar varios años y por eso se ordenaron allanamientos en varias estaciones de servicio donde se efectuaban las cargas, para determinar el perjuicio. También quedó bajo sospecha un playero, aunque no se descarta que se produzcan más imputaciones y detenciones.
El estallido del caso llevó a la renuncia del director Carlos Gallo, quien había asumido pocos meses atrás, en reemplazo de Federico Pereyra. Todavía no se designó un nuevo funcionario para cubrir ese organismo.
Pero a esa causa se suma otra, que fue denunciada en diciembre del 2020 y que vincularía presuntas maniobras entre Rentas y la dirección de Catastro. En ese último organismo se habrían presentado falsos libre deudas, para concretar varias operaciones inmobiliarias. Con ese ardid se habrían concretado compra-ventas de inmuebles con deudas impositivas, lo que constituiría una evasión al fisco. También se ordenaron auditorías para descubrir esas operaciones con documentos adulterados, aunque se habría podido establecer que las constancias de deudas no fueron modificadas en la base de datos de Rentas. Esto llevó a la hipótesis de que las maniobras se podrían haber realizado fuera del organismo.
Como en otros casos anteriores, el ministro de Economía Atilio Chara -de quién depende el área-, ordenó que se efectuara denuncia y un exhaustivo control interno para determinar posibles responsables.
