El juez federal Guillermo Molinari procesó a Armando Irineo Tévez por usurpación de terrenos nacionales en la Ruta 34, donde instaló un puesto de comidas cerca de la localidad de Herrera. El objetivo es avanzar con este tipo de causas penales por ocupaciones ilegales que significan un peligro para el tránsito automotor y liberar la ruta o zona de caminos, según una fuente judicial.

 

El delito de usurpación está contemplado en el artículo 181, inciso 1 del Código Penal, y prevé penas de hasta 3 años de prisión. Tévez ya contaba con antecedentes penales en la provincia por usurpaciones de propiedad, daño, violación de domicilio y amenazas, entre otros delitos informados por la policía provincial.

 

La defensora del acusado, Mariana Cisneros Billaud, planteó la incompetencia del fuero federal y también consideró que no había elementos para sostener la acusación contra Tévez, por lo que requirió su sobreseimiento.

 

La fiscalía se opuso a esa posibilidad y requirió un informe a la delegación de Vialidad Nacional que estableció claramente que se trataba de terrenos del Estado nacional a los circundantes a las rutas, que actuaban como zona de seguridad para los conductores. Excepcionalmente se pueden autorizar construcciones siempre que no signifiquen un riesgo ni un obstáculo.

 

El fiscal señaló que en tres oportunidades –entre 2019 y 2021- Gendarmería Nacional se constituyó en el puesto de Tévez y constató que la existencia de una construcción precaria, de chapas y postes, en donde funcionaria un puesto de venta de comidas. El propio acusado fue entrevistado y les reconoció haber “construido ese puesto, que lo trabajaba junto con su familia y que no había tramitado la autorización para funcionar ante ningún organismo”.

 

El juez rechazó el planteo de incompetencia y sostuvo que “la construcción efectuada por el imputado no entraría dentro de las excepciones que el artículo 27 de la Ley N° 24.449 establece, ya que no se trata de una estación de cobro de peajes y de control de cargas y dimensiones de vehículos, ni de obras básicas para la infraestructura vial, ni tampoco de obras para el funcionamiento de servicios esenciales. Además, cabe señalar que el imputado, de acuerdo a lo informado por la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, ya presenta antecedentes de usurpaciones de propiedad, daño, violación de domicilio y amenazas, entre otros”.

 

Por eso resolvió procesar sin prisión preventiva a Tévez y aplicarle un embargo de 50 mil pesos.