EditorialLos pasajeros se convierten en rehenes en la puja del transporte público

abril 8, 20225 min

Este jueves el gremio de UTA se declaró en alerta y amenazó con un paro si los empresarios del transporte no cumplían con el pago de sueldos del personal y contribuciones, lo que puso en vilo a más de 100 mil usuarios que a diario emplean cualquiera de las líneas urbanas e interurbanas que unen Capital y La Banda.

 

Finalmente se desactivó la medida de fuerza avanzada la noche, después de generar zozobra en todos aquellos que se verían perjudicados, una vez más, por la puja entre un puñado de empresarios que maneja el transporte público y su personal. Hace un mes ocurrió un conflicto de idéntica naturaleza que tuvo como consecuencia paros sorpresa de los diferentes ramales, que dejaron librados a su suerte a miles de santiagueños en horarios pico.

 

Se trata de un remanido recurso del gremio que afecta a los pasajeros sin ninguna contemplación, con medidas que privan del corte de boleto a los dueños de las empresas, pero que en definitiva ahorran en combustible -en este momento en que escasea el gasoil- y tienen la seguridad de sus coches guardados en las puntas de línea.

 

Un paro activo con el funcionamiento de las líneas pero sin cobrar el pasaje, lo que sí redunda en un verdadero perjuicio para los propietarios, como que alguna vez realizaron empresas de Buenos Aires, es impensable en estas tierras.

 

Es más, ciertos sectores opositores a la comisión directiva de UTA acusa a sus dirigentes de prestarse a paros parapatronales, con diversas excusas que sirven para presionar el aumento de boleto o de subsidios que el gobierno nacional y el local les otorgan.

 

Esto no quita que las demandas de los conductores sean la mayoría de las veces reales y justificadas, pero los usuarios no pueden ser los permanentes perjudicados, que ven frustradas sus actividades, trámites, pierden presentismo, sufren complicaciones por motivos de salud, y deben afrontar un significativo gasto en taxis y radiotaxis que achicaron sus flotas y encarecieron sus tarifas.

 

Es tiempo de regularizar el sistema de transporte que presenta miles de falencias, desde reducción de frecuencias al recorte del horario de servicio, sin que las sanciones sean disuasivas. Se trata de un servicio público concesionado de forma precaria y que debería licitarse para permitir la competencia con otros jugadores foráneos, que ofrezcan un mejor servicio y obliguen a los locales a brindar una prestación digna de una vez.

 

Se trata de un problema inmemorial que sufren todos aquellos que utilizan este servicio. No sería desatinado imaginar que algún día los funcionarios públicos debieran movilizarse en colectivos mientras dure su gestión, para ponerse en los zapatos de quienes lo padecen a diario.