EditorialUn fallo histórico por la masacre de Napalpí

92 años después la justicia reconoció la responsabilidad del Estado nacional en la masacre de comunidades originarias de Chaco, que realizaba una huelga contra abusos y escasa paga. Entre las víctimas hubo golondrinas correntinos y santiagueños.
mayo 22, 20225 min

La justicia de Chaco falló a favor de los pueblos originarios que hace 92 años sufrieron una de las más sangrientas matanzas del Siglo XX, conocida como la masacre de Napalpí, en la que además de indígenas también cayeron braseros correntinos y santiagueños.

 

La jueza federal Zunilda Niremperger condenó al Estado nacional por su responsabilidad en ese hecho que consideró un crimen de lesa humanidad. El 19 de julio de 1924 fueron masacrados entre 400 y 500 integrantes de las etnias mocoiqt y qom, pero también criollos que se habían sumado a las protestas.

 

Se trató de un juicio por la verdad, para reconstruir los hechos, pero sin culpables individuales porque los responsables ya fallecieron hace mucho tiempo con impunidad. Pero es un reconocimiento histórico a ese episodio negro, que hasta ahora había sido negado.

 

En ese momento Chaco era un territorio nacional, no una provincia, que se había convertido ya en el principal productor de algodón, con la explotación de la población nativa de y jornaleros golondrina. Pero enterados de las protestas contra la Forestal, en Santa Fe, plantearon un reclamo por el miserable pago que recibían.

 

Los terratenientes utilizaban sobre todo a los originarios que vivían en las reducciones y eran mano de obra esclava, más barata que los braseros criollos. Esos explotados unieron su reclamo y sobre todo protestaron contra la prohibición de salir del territorio que les impuso el entonces gobernador Fernando Centeno, también productor.

 

Esos grupos oprimidos reclamaban poder salir del territorio para trabajar en provincias aledañas, donde la paga era algo mejor. Pero ni eso les permitieron. Entonces iniciaron una huelga.

 

Centeno, con el aval del entonces presidente Marcelo T. de Alvear, ordenó reprimir con gendarmería, la policía y pobladores a los huelguistas, mientras la prensa azuzaba el temor de preparativos de un malón inexistente. Los rodearon y comenzó una balacera indiscriminada contra hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie se salvó. Hasta un avión del Aeroclub de Chaco se utilizó para ametrallarlos desde el aire.

 

Esas fuerzas los cazaron durante días en los montes y no muchos lograron huir. Los productores habían restaurado el orden en sus explotaciones a través del terror, una práctica muy común en esa década, con las masacres en las huelgas contra la Forestal o en la Patagonia Trágica. Pero no fue la única: en 1947 se cometería la masacre de Rincón Bomba, en Formosa, donde casi 1000 pilagás fueron masacrados por gendarmes.

 

El fallo por la masacre de Napalpí no tuvo condenados porque ya murieron, pero sí una indemnización para los descendientes de esas comunidades. Es un avance para un Estado que ejecutó y avaló esos crímenes y ahora pide perdón e indemniza a las víctimas, aunque casi un siglo después. En este caso también es válido un compromiso para “Nunca Más” cometer ni tolerar delitos de lesa humanidad.