EditorialLa libre portación de muerte (armas) y sus propagadores argentinos

La masacre en una escuela norteamericana golpea al mundo, pero más allá de convertirse en uno de los tantos episodios de violencia en EE.UU., repercute en Argentina, donde varios candidatos promueven la liberalización de las armas.
mayo 30, 202210 min

La reciente matanza de 19 niños y dos docentes de la primaria Robb en el pueblo hispano de Uvalde, Texas, cometida el 25 de mayo por el exalumno Salvador Ramos (18), puso en el tapete una vez más la inconveniencia del libre acceso a las armas de fuego y de guerra en EE.UU.

 

Pero no es el único saldo de la cruenta masacre, porque además de destrozar a las familias de las víctimas asesinadas a sangre fría, también lucha por su vida la abuela del asesino y el esposo de una de las maestras acribillada murió de un paro cardíaco, a poco de los hechos.

 

El episodio está lleno de detalles escabrosos y una versión oficial que se cae a pedazos. Ramos compró dos fusiles apenas cumplió la mayoría legal y fue a la escuela en su camioneta que chocó, lo que produjo una primera alerta de la guardia. Pese a que hubo un presunto enfrentamiento, no lo pudieron detener y pidieron refuerzos.

 

Hasta que llegaron los equipos de alto riesgo transcurrió más de una hora en la cual Ramos fusiló a los niños y las maestras, para finalmente ser abatido, según las últimas revelaciones que agigantan el dolor por la tardía respuesta.

 

Este gravísimo episodio vuelve a poner en tela de juicio la libre portación de armas en EE.UU y también repercute en Argentina, donde algunos aprovechan el malestar de la inseguridad para proponerla como una solución milagrosa.

 

Hay que decir que Norteamérica se rige por la Segunda Enmienda constitucional aprobada en 1791, fines del siglo XVII, que garantiza al pueblo la posibilidad de armarse. Pero hay que decir que se trataba del contexto de revolución y cuando el país independizó de Gran Bretaña.

Sin embargo, desde entonces se mantiene y su más férrea defensora es la Asociación Nacional del Rifle, un gran lobby empresario que tiene representantes en todos los estamentos de poder, que frena cualquier intento de derogación de la enmienda, pese a las continuas matanzas. Apenas horas después de la masacre se reunión en convención y ratificó el derecho al libre uso de armas, con la participación del expresidente Donald Trump, un ferviente impulsor como muchos de sus predecesores en el cargo.

 

Entre 2020 y 2021 unos 14 millones de estadounidenses compraron armas por primera vez y se calcula que ese país tiene la mitad de las 650 millones que están en poder de civiles en el mundo, según CNN. En 2020 murieron en EEUU 4.368 menores por disparos, una tasa equivalente al 5,4 por cada 100 mil habitantes. Y las muertes de niños y adolescentes afroamericanos fueron cuatro veces mayores a las de blancos, mientras que el segundo grupo más afectado fue de indoamericanos.

 

Ahora, la “libre portación de armas” tiene sus epígonos en Argentina: Javier Milei volvió a declararse su  defensor pese al reciente y atroz episodio, por considerar que disuadiría a los delincuentes y bajaría la tasa de ilícitos. En realidad, la experiencia en países donde se aplica las estadísticas indican lo contrario, salvo en Suiza, donde hay regulaciones y si bien la matanzas públicas son raras, su uso violento está más asociado al suicidio.

 

Pero quizás también haya un componente sociológico, como hipótesis: se trata de una nación sin conflictos sociales y con un buen nivel de vida general, con un bajo nivel de desigualdad social difícil de encontrar aún en la mayor economía mundial o en un país como Argentina.

 

La desigualdad social es el caldo de cultivo para la delincuencia -aunque no todos los individuos actúen del mismo modo-, por lo que el problema no pasa por apagar el incendio de la inseguridad con nafta. Pero Milei no es el único impulsor de la portación de armas por parte de civiles: José Luis Espert y Patricia Bullrich también pregonan el modelo norteamericano.

 

Milei lo que propone –como ya se había dicho en estas páginas- es “privatizar” la seguridad, es decir, que cada uno la resuelva con un arma según su mejor criterio, lo que libraría al Estado de su responsabilidad mayor por tener el uso exclusivo de la fuerza. Eso sería catastrófico. Cualquier sospechoso, un incidente de tránsito, una discusión laboral o de pareja, y hasta adolescentes y niños podrían vengarse de sus compañeros y docentes con armas que estuviesen en sus casas.

Argentina ya tiene un grave antecedente: en 2004 ocurrió la matanza de Cármen de Patagones, en provincia de Buenos Aires, cuando un estudiante secundario mató a tres compañeros e hirió a otros cinco. El autor, Rafael Solich, usó la pistola de su padre y fue declarado inimputable por ser menor de 16 años. En ese momento tenía 15 y la prensa lo llamó con el sobrenombre «Junior», aunque ahora ya es mayor de edad y se lo puede nombrar.

 

La adquisición y el uso de armas están permitidos por la legislación argentina, pero con un correcto criterio restrictivo. Y el Código Penal admite la legítima defensa, pero con justificadas razones, para evitar que cualquier ilícito o reyerta termine como en el Lejano Oeste. Eso prescribe la legislación, lo demás son oportunistas cantos de sirena que azuzan a la población con falsas soluciones mágicas a problemas complejos.