El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa finalizará con el veredicto el 6 de febrero, pero seguramente su sentencia seguirá el derrotero judicial hasta quedar firme. Y podría dejar a muchos disconformes porque desde la propia querella, las redes sociales y desde gran parte de los medios se instalan falsas expectativas.

 

El abogado Fernando Burlando es un profesional que entendió que los juicios también se juegan en los medios para influir en la opinión pública y los tribunales y pocas veces ejerció de querellante sino casi siempre de defensor: quizás su participación más relevante sea como representante de los infames asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas.

 

Este abogado propuso recientemente una encuesta para saber si “la gente” considera viable una pena a perpetua, lo cual fue cuestionado por sus colegas en todo el país. Algo parecido se instaló a través de una campaña de una ONG con un petitorio se pena máxima al tribunal, al principio del juicio. Los jueces precisamente deberían abstraerse de la opinión pública y juzgar conforme a Derecho y a su sana crítica racional.

 

Se ofreció para asistir de forma gratuita a la familia del joven estudiante, aunque bien sabido es que esos juicios rutilantes son una inversión en marketing para muchos abogados. El caso es que buscó instalar la idea de una condena máxima contra los 8 acusados, algunos de ellos rugbiers, que golpearon bestialmente a Fernando y a los pocos amigos que intentaron defenderlo.

 

¿Pero es posible condenar a prisión perpetua a todos? Lo que no se aclara es que un proceso de esta naturaleza es mucho más complicado de lo que se supone y el tribunal debe establecer su conducta dolosa de forma individual: qué rol jugó cada uno. Algunos de los acusados aparecen más complicados porque fueron los que golpearon de forma encarnizada a la víctima y eventualmente el tribunal debatirá si corresponde agravar el homicidio, por lo cual podrían recibir prisión perpetua.

 

Pero esos agravantes deben ser demostrados y la determinación del accionar individual, en principio, haría difícil una pena igual para todos. Es más, no se desecharía la posibilidad de alguna absolución por la duda en algún caso puntual donde resulte difuso establecer la participación.

 

Por otro lado, la defensa a cargo Hugo Tomei, abogó por la absolución por sostener que “el hecho no está probado”, esto es que sus defendidos no planificaron la muerte del joven, ni siquiera se la representaron como consecuencia en la pelea frente al boliche Le Brique. Pero consciente de una segura condena buscó que fuese la más morigerada, el homicidio en riña, que prevé una pena sensiblemente menor de 2 a 6 años.

 

El debate que por estas horas debe tener el tribunal de Dolores seguramente trasuntará por la tipificación del delito según la visión de cada parte: homicidio agravado por planificación, alevosía y participación de dos o más personas, homicidio simple o preterintencional o riña. Todos con diferentes penas.

 

Este caso impactó en la opinión pública. Desde el inicio la familia de Fernando despertó enorme empatía y una permanente cobertura, aunque haya muchos casos similares en todo el país. Sin ir más lejos, el de Román Paz González, un empleado de un quiosco que trató de defender a un lavacoches que era brutalmente golpeado por dos rugbiers, que focalizaron su agresión en él y murió dos meses después. Los acusados recibieron una condena por homicidio preterintencional –el resultado muerte fue incidental- y la familia cuestionó ese fallo en juicio abreviado, que se encuentra en revisión del Superior Tribunal.

 

Pero este tipo de muerte absurda desnuda una violencia permanente e injustificada que convierte a jóvenes en víctimas de sus pares en boliches o centros de esparcimiento cada fin de semana. También puso en el tapete la costumbre de los bautismos, o las épicas de salidas, alcohol y peleas de muchos rugbiers, algo que empaña ese deporte.

 

Estos actos de barbarie merecen un reproche penal ejemplificador, de eso no hay duda, pero la sociedad tiene el derecho de acceder a información clara para poder distinguir entre las opiniones de sentido común o interesadas y las reales posibilidades de un proceso.