El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.
El magistrado resolvió «hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes», según surge de la resolución que citó un cable de la agencia Télam.
El planteo de inhibitoria había sido presentado por la defensa del juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola y había sido acompañado por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe a través de un dictamen que esta agencia reveló al principio de esta semana.
Para el camarista Farah, la causa debe tramitar ante la Justicia federal porteña, con sede en Comodoro Py, porque los funcionarios públicos imputados ejercen sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires por lo que de haber incurrido en delitos vinculado a sus cargos debieron haberlo hecho en ese territorio, más allá de donde se hubieran reunido con sus coimputados.
«Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial. Si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», sostuvo Farah en su decisión.
En ese marco, el camarista indicó que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios» y agregó: «Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí».
El paso de la causa a Comodoro Py solicitado por Yadarola había sido rechazado en primera instancia, pero la decisión fue apelada por lo que debió intervenir la Cámara Federal porteña que este miércoles determinó que el caso pase a suelo porteño, al juzgado a cargo del magistrado Sebastián Ramos.
Esa decisión podría ser controvertida desde Bariloche y entonces debería dirimir la Cámara Federal de Casación Penal; quienes siguen el expediente consideran que las posibilidades de que eso pase son porque la jueza María Silvina Domínguez, que llevaba el caso en Bariloche, inició el camino de su jubilación y ese juzgado será subrogado por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.
