El crimen de Lucio Dupuy, que tuvo su culminación judicial con la condena de su progenitora y su pareja, parece haber actuado de bisagra en Argentina, con la denuncia de múltiples casos parecidos o con un final potencialmente similar.

 

Varias parejas fueron detenidas por la muerte de criaturas, sospechadas de ser el corolario de largo tiempo de maltratos y abusos. En Santiago del Estero existen varias condenas por causas tan indignantes como la de Lucio.

 

Pero también aparecieron otras que pusieron en alerta al Poder Judicial, porque podrían encaminarse a finales tan crueles como el del niño pampeano de 5 años. Ejemplo de esto es el caso de K. y sus hermanitos, que fue denunciado por un abogado al que le llegó la alarmante situación de estos niños maltratados por sus padres, ante la pasividad de su abuelo y pareja.

 

Una tía que vive en la misma propiedad del barrio Juan XIII y los vecinos denunciaron en la dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) el año pasado, indignados por las diarias torturas, la policía y las asistentes sociales fueron pero el niño siguió con su padre adicto y maltratador, mientras que los demás niños fueron con familiares. La Dinaf consideró que había violencia, pero no de la magnitud denunciada.

 

Cuando se mediatizó el caso, apareció su madre –denunciada también por golpeadora- y adujo ser víctima de violencia de género por lo que huyó abandonando a sus hijos con su padre violento, seguramente para salvarse de una posible imputación. La fiscalía de inmediato mandó a detener a su expareja por violencia de género, no por lesiones calificadas contra sus hijos, uno de los que incluso fue fracturado. Recién un par de días después se lo acusó de agredir a sus hijos.

 

Este hecho pone en el tapete la necesaria vigilancia de los organismos competentes sobre la suerte de estos niños, que deben ser prioridad absoluta si se tiene en cuenta que la Constitución Nacional adhirió a pactos internacionales que consagran el interés superior del niño. Es decir, cualquier otra incidencia queda por debajo de la misión de salvaguardar de inmediato a niños en situación de riesgo.

 

El caso de Lucio evidenció esa desatención que dejó librado al niño a dos psicópatas perversas, sin que en ninguna institución como la Justicia, la escuela, los centros sanitarios donde fue atendido por las golpizas, se percataran del riesgo de vida que corría. Sara Barni, de Red Viva, incluso apuntó hacia el padre y abuelo, por su negligencia en recuperar al niño.

 

Estos lamentables hechos demuestran que la violencia no tiene género –más allá de una estadística en la que predominan los violentos masculinos- y de igual modo ponen en cuestión el llamado instinto materno o paterno.

 

Por eso, esta violencia y abusos que se engendran en el ámbito más impensable como el familiar deberían llamar al compromiso social para actuar y denunciar situaciones potencialmente riesgosas y el compromiso de las instituciones estatales debe redoblarse, para actuar a tiempo y sin ningún sesgo. Si no, cuando sea demasiado tarde para las víctimas, de nada valdrán las sanciones, las condolencias y los discursos indignados en las redes.