Como se esperaba que sucediera, el ministro de Economía, Sergio Massa, se adueñó del centro de la escena en la campaña electoral del oficialismo tras su reciente viaje a Washington, en busca de construir una «nueva mayoría» peronista para desafiar en octubre próximo en las urnas al candidato estrella del momento, Javier Milei.
Apenas regresó a Buenos Aires desde Estados Unidos, luego de asegurar un desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa lanzó un paquete de medidas -de perfil proselitista- con la intención de mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de los argentinos y suavizar las consecuencias de la devaluación del tipo de cambio oficial del 22 por ciento que él mismo autorizó para el día después de las PASO.
Además, cruzó la frontera y se mostró junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, donde garantizó que la Argentina dispondrá de los dólares necesarios para mantener fluido el intercambio comercial entre ambos países; presentó la quinta edición del PreViaje, lo que supone un guiño especialmente para la clase media, principal responsable del éxito de ese programa oficial; y más tarde en la misma semana lideró un acto por el Día Nacional de la Industria, exponiendo frente a referentes del llamado «círculo rojo».
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«Lo que se habló internamente es que llegó el momento de salir a bancar la parada y plantear que somos los únicos que tenemos para ofrecer propuestas sensatas para un mundo real en el que se pueda vivir«, sostuvo una fuente del Frente Renovador (FR) en diálogo con Noticias Argentinas. Además, valoró las medidas que anunció Massa días atrás: «Lo que nos dice la gente en la calle es que no alcanza la plata para llegar a fin de mes, así que lo que les den sirve y es bienvenido», indicó.
Sin embargo, el plan «pesos para todos» propuesto por Massa no generó la misma recepción positiva en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo en el sector empresarial e incluso en gobernadores del propio oficialismo, no solo de la oposición, que expresaron públicamente su decisión de bajarle el pulgar al bono de $60.000 anunciado para trabajadores estatales. En el caso de los privados, el Gobierno advirtió con sanciones para las empresas que no paguen el plus salarial.