El “Terminator” del Estado no viene del futuro como en la inolvidable película de James Cameron de mediados de los 80 interpretada por Arnold Schwarzenegger. El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tuvo precuelas en los Gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, que no terminaron de la mejor manera.

Habiendo sido uno de los «ghost writers» de la Ley Bases, el economista fetiche del presidente Javier Milei sale de atrás de los vestidores para situarse en el centro del escenario, como actor protagónico de esta «segunda etapa» de reformas, como él mismo tituló, para la liberalización económica y la desburocratización del Estado.

El guión de esta tercera entrega del ministro estará marcada por una nueva agenda del Congreso. El telón se abrirá con la “ley de hojarascas”, el pintoresco nombre con el que bautizó a una iniciativa que busca remover leyes que considera vetustas y que implican regulaciones y trabas burocráticas.

Para un segundo acto, el propio ministro adelantó que se volverá a la carga sobre aspectos que quedaron fuera de la ley Bases a raíz de los sucesivos filtros a los que la redacción original se fue sometiendo.

Una de esos temas es una reforma judicial. Entre otros puntos, la idea es establecer el juicio por jurados en el ámbito de la administración de justicia federal, la digitalización de los expedientes judiciales y de las sucesiones no contenciosas, y la instauración de divorcios simplificados mediante un simple trámite en un Registro Civil, evitando juicios, mediaciones y la intervención de abogados. 

También Sturzenegger anticipó que el Gobierno va por una amplia reforma educativa, que de acuerdo a la primera versión de la ley ómnibus abordaba distintas líneas de acción. 

Esta reforma, que modificaba artículos de las leyes de Educación Nacional y de Educación Superior, contenía, entre otros puntos, la declaración de la educación en todos sus niveles como servicio estratégico esencial, lo cual suponía avanzar sobre el derecho a huelga, por la obligación de garantizar un 75% del servicio durante todos los días del calendario escolar. 

Otro de los ejes era la implementación de un proceso de evaluación continua y periódica de los docentes cada cinco años mediante un examen para revalidar sus capacidades y conocimientos adquiridos. 

También se buscaba eliminar las restricciones a la educación a distancia para menores de 18 años, incorporando la posibilidad de esquemas semipresenciales desde cuarto grado. Hasta el momento, la Ley de Educación Nacional permite los estudios a distancia sólo a partir de los 18 años

En cuanto al nivel medio, la idea era incorporar al finalizar el ciclo un examen integrador de matemáticas y de lecto-comprensión, y otras materias que determine la autoridad de aplicación.

Será un «examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan

A diferencia de lo que ocurre con las pruebas Aprender, el alumno -a quien se le resguarda su identidad- tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado, y los padres tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos, pudiendo comparar los resultados entre las distintas instituciones del país.

En lo que refiere a la educación superior, se prevé que todas las instituciones deberán implementar «un examen que permita al estudiante ingresar directamente» y será potestad del alumno elegir entre ese examen único o los ciclos de ingreso.

Por otra parte, se buscaría prohibir el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior, algo que se permitía para mayores de 25 años en casos muy específicos.

Por último, pero no menos importante por el nivel de polémica que genera, se autorizaría a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.

En la hoja de ruta de Sturzenegger también aparecen otras reformas que quedaron en el tintero luego de que fueran retiradas de la ley Bases, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo oficial y los medios públicos de Radio Televisión Argentina.

También el Gobierno podría avanzar con una ambiciosa reforma electoral, que incluiría la eliminación de las PASO, la implementación de la boleta única, listas abiertas y quizás, la supresión del criterio de paridad de género para la confección de las listas.

Normas “anticasta” como la eliminación de los regímenes jubilatorios de privilegio, el fin del financiamiento estatal a los partidos políticos y la ley de ficha limpia son otras tantas metas del Poder Ejecutivo para la etapa que despunta.

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